Twitter batió el récord de peticiones legales por parte de gobiernos para que retirase publicaciones en la primera mitad del pasado año 2021, cuando recibió más de 43.000 peticiones relacionadas con cerca de 200.000 cuentas de usuarios.
La plataforma ha publicado su último informe de transparencia, en el que recoge las peticiones gubernamentales recibidas entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio del mismo año, así como la aplicación de sus políticas comunitarias.
Desde que comenzaron a publicarse estos informes en 2012, el primer semestre de 2021 fue el periodo en el que se registraron más peticiones legales de eliminación procedentes de gobiernos a Twitter, con 43.387 peticiones sobre 196.878 cuentas.
Del total de peticiones legales, el 95 por ciento procedían de solamente cinco países: Japón, Rusia, Turquía, India y Corea del Sur. En el 54 por ciento de los casos, Twitter retuvo el contenido o pidió a los autores su retirada.
Otro de los datos analizados son las peticiones de los gobiernos para preservar información de las cuentas. Esta cifra descendió en un 4 por ciento en la primera mitad de 2021, con Estados Unidos como el principal emisor de estas solicitudes (57 por ciento).
Estados Unidos también fue el país responsable de un mayor número de solicitudes de información por parte del Gobierno, con 3.026 peticiones que suponen un 24 por ciento del volumen total. Twitter aceptó proporcionar estos datos en el 68 por ciento de los casos.
Twitter ha recogido también en su informe la aplicación de sus normas comunitarias, que le han llevado a requerir a los propietarios de las cuentas que eliminasen 4,7 millones de tuits que violaban las reglas.
De los tuits borrados, el 68 por ciento de ellos había tenido menos de 100 impresiones antes de su eliminación, con un 24 por ciento adicional que había recibido entre 100 y 1.000 impresiones. En total, estas impresiones supusieron menos de 0,1 por ciento del total de este periodo.
Durante la primera mitad de 2021 Twitter suspendió de forma permanente 453.754 cuentas de usuarios por vulnerar sus políticas contra la explotación sexual de menores, de las que el 89 por ciento se identificaron de forma proactiva.